Una Directiva para el frente europeo contra la evasión fiscal

 

La Directiva 2016/1164 aplica en Europa los postulados de la OCDE contra la evasión internacional de impuestos.

Desde la Unión Europea se promulgó la Directiva 2016/1164 del Consejo de 12 de julio de 2016 por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior. Esta nueva normativa sigue las recomendaciones de la OCDE contra la evasión internacional de impuestos, organización que lidera desde 2013 un proyecto internacional en este sentido: el proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

El objetivo es luchar contra la evasión fiscal y la doble imposición, centrándose en medidas como la limitación de la deducibilidad de los intereses y los impuestos de salida, entre otras.

Para evitar pagar impuestos, las empresas, dentro de sus grupos, cargan intereses excesivos por sus préstamos para que estos gastos se contabilicen como pérdidas. Con la nueva norma comunitaria se pretende desincentivar esta práctica.

Estos intereses “inflados” producen a las empresas unos costes que se llaman costes de endeudamiento excedentario que a partir de ahora podrán ser deducidos únicamente hasta el 30% de los beneficios una vez se les descuenten los costes de los intereses bancarios, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (ebitda) pagados por la empresa (Artículo 4). Hay que destacar que no existirá esta limitación para operaciones anteriores al 17 de junio de 2016 y tampoco para los destinados a financiar obras de infraestructura a largo plazo.

Otra de las medidas incorporadas es el conocido como impuestos de salida, que grava la transferencia, envío o traslado de activos al exterior, de forma que su valor se determina de acuerdo al de los activos que salgan del país, una vez aplicada la deducción correspondiente (Artículo 5).

Los requisitos son los siguientes:

  1. Si se trasladan los activos desde la sede empresarial al establecimiento permanente situado en otro Estado miembro o a un tercer país.
  2. Si se mueven desde el establecimiento permanente en un Estado al de la sede o a otro establecimiento permanente distinto en otro Estado o a un tercer país.
  3. Si se traslada la residencia fiscal a otro Estado miembro o a un tercer país.
  4. Si se mueve la actividad realizada en el establecimiento permanente a otro Estado miembro o tercer país.

Por otra parte, el contribuyente podrá aplazar el pago de este impuesto a lo largo de 5 años si traslada sus activos desde su sede o su/s establecimiento/s permanente/s y la actividad realizada en él/ellos o su residencia fiscal, tanto a otro Estado miembro como a un tercer país. Este último debe formar parte del Espacio Económico Europeo o tener un acuerdo con el Estado o con la UE “sobre asistencia mutua en materia de cobro de créditos tributarios”.

Finalmente, el contribuyente deberá suspender el pago fraccionado del impuesto y pagar la respectiva deuda si vende o enajena los activos desplazados o si los mueve de sitio con posterioridad, si incurre en quiebra, liquidación o si incumple el pago.

Estrechar el campo a la evasión de impuestos y evitar las lagunas jurídicas  son los objetivos de medidas como éstas, auspiciadas por gobiernos y organismos internacionales. Pero no se deberían quedar ahí: el objetivo debería ser recuperar la confianza de la ciudadanía.

Si tiene alguna duda legal sobre la aplicación de BEPS por favor no dude en contactar con nosotros y le asesoraremos en clerk@delcantochambers.com.

Redacción de Del Canto Chambers

 

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