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España presenta su posición dentro de las negociaciones del Brexit

España presenta su posición dentro de las negociaciones del Brexit

El gobierno presenta su posición dentro de las negociaciones del Brexit de la UE con el Reino Unido, conciliadora en asuntos de residencia pero más agresiva con Gibraltar.

El gobierno ha presentado recientemente a las Comunidades Autónomas las directrices de la Unión Europea para las negociaciones del Brexit a las que ha añadido las pretensiones de la diplomacia española en este proceso.

Los temas más importantes de negociación serán los derechos de los ciudadanos comunitarios y británicos, los asuntos presupuestarios, los acuerdos en las finanzas, los servicios y el turismo y, especialmente, el asunto territorial (que afecta a Gibraltar y otros territorios).

La Comisión Europea tiene previsto que la salida británica de la Unión dure entre 15 y 16 meses, hasta octubre de 2018. Después, los Estados miembros tendrán que ratificar el acuerdo en sus parlamentos nacionales y la retirada efectiva británica de la UE sería a partir del 30 de marzo de 2019, justo antes de las elecciones al Parlamento Europeo. Una vez terminada, se negociará el nuevo marco de relaciones UE-UK, que está previsto que se prolongue otros 5 o 7 años, mientras que Reino  Unido prefiere que estas dos negociaciones se lleven al mismo tiempo.

Las líneas de actuación de la UE y de España en las negociaciones del Brexit son:

  • Derechos de los ciudadanos: en principio, tanto Reino Unido como la UE han manifestado su intención de proteger el marco legal de los ciudadanos europeos aunque existen discrepancias. Reino Unido prefiere tomar como punto de partida negociador su legislación interna, mientras que la UE prefiere la legislación comunitaria. España propone un status quo en la protección de los derechos de residencia y de trabajo (así como los de los españoles en UK) de los trabajadores, estudiantes y científicos, manteniendo el régimen laboral actual y de Seguridad Social (prestaciones) incluídas las normas que afectan a los trabajadores transfronterizos en Gibraltar.
  • Presupuestarios: es el tema más complicado. La UE pide a Reino Unido 100.000 millones de euros por su salida y éste apuesta por una “compensación de partidas” por las que pagaría una cifra muy inferior. Las aportaciones de los Estados miembros aumentarían y la presencia o no de Reino Unido en algunas partidas afectaría también al próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2028. España considera que Reino Unido debe abonar sus pagos comprometidos en campos como los fondos estructurales, las pensiones a los funcionarios europeos, las ayudas de la PAC y las participaciones en el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y en el Fondo Europeo de Desarrollo (FED).
  • Acuerdos comerciales y sectoriales: España es partidaria de mantener las relaciones económicas y evitar la imposición de barreras arancelarias y no arancelarias a sus productos. Apuesta por un marco de igualdad de condiciones, es decir, un level playing field, que afectaría a los productos agrícolas, a la pesca, al turismo, al transporte aéreo, a la protección de los consumidores y a los servicios financieros.
  • Asuntos territoriales: la salida británica afecta también a sus Territorios de Ultramar y sus Dependencias de la Corona, así como a las bases de Chipre y otras posesiones. En este capítulo se incluye a Gibraltar pero no es el único. Con respecto a Irlanda del Norte, ambas autoridades están negociando si mantener la CTA (Zona de Viaje Común) en la frontera con Irlanda, vital para la economía de la isla.

La posición española parece que se inclina más por un mantenimiento del estado actual salvo en el asunto de Gibraltar (trabajadores transfronterizos, aeropuerto de Gibraltar, fiscalidad), mientras que la UE está más agresiva, ante el temor de sentar un precedente. En todo caso, la buena voluntad negociadora de ambas partes determinará cómo serán las futuras relaciones de la UE con el Reino Unido y cuánto del marco actual de cosas podrá mantenerse.

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Redacción de Del Canto Chambers

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