España y Marruecos modifican su convenio contra la doble imposición

La reinterpretación de este Convenio facilitará el trabajo y el negocio de asesorías y consultoras jurídicas con el país vecino.

España y Marruecos han introducido unas modificaciones en su Convenio para evitar la doble imposición en materias de impuestos sobre la renta y del patrimonio de 1978, que supondrán una mejora en las relaciones comerciales de ambos países y en la especificación de los negocios y actividades comerciales que se beneficiarán de este Convenio.

Estas modificaciones en la interpretación del Convenio se han realizado a través de Cartas interpretativas que ambos gobiernos han estado intercambiando durante el mes de junio. En ellas se ha acordado una serie de cambios, publicados en el BOE:

El primero de ellos se centra en el Artículo 12.2.c: este artículo se refiere a los cánones que un profesional o entidad del Estado Contratante paga a un profesional que reside en el otro Estado por su actividad. Estas cantidades están sujetas a imposición en el Estado del que procedan, y se aplican a las remuneraciones obtenidas por la realización de “estudios técnicos o económicos” y están gravadas por un impuesto “que no puede exceder del 10% del mismo importe bruto” de la cantidad pagada, según el texto del Convenio.  ¿Pero qué se entiende por estudios técnicos o económicos? En las Cartas interpretativas, España y Marruecos han acordado considerarlos como “cualquier análisis o investigación concreta (…) en el marco de las actividades profesionales como (…) la asesoría jurídica”, entre otras.

El segundo cambio se produce en el Artículo 7, que se refiere a los beneficios empresariales. Así, en las Cartas se acuerda que “los pagos efectuados por un residente en un Estado Contratante” por los servicios prestados por un profesional “no están sujetos a retenciones en la fuente”. En este punto se tiene en cuenta el llamado “establecimiento permanente”, que por el Artículo 5 del Convenio es definido como “el lugar fijo donde la empresa realiza todo o parte de su actividad” y que, en el caso de las asesorías jurídicas, puede ser “una oficina” (art. 5.1.c) donde se realicen trabajos para “proporcionar información, investigaciones científicas u otra actividad análoga de carácter auxiliar o preparatorio (art. 5.3.e).”

Por último, en cuanto a los certificados de residencia, España y Marruecos han acordado fomentar la emisión de estos certificados para que los residentes españoles y marroquíes puedan ambos beneficiarse de las ventajas de este Convenio.

Estos cambios contribuirán a facilitar el trabajo de las asesorías jurídicas y despachos de abogados con clientes en Marruecos. Hasta ahora, al no haberse especificado claramente qué tipo de trabajos se incluían en la definición de “estudios técnicos o económicos”, estas labores estaban en una especie de limbo que, como poco, producía quebraderos de cabeza a estas firmas para cumplir con la ley; un problema que parece que ya está empezando a resolverse.

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Redacción de Del Canto Chambers.

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