El principio de Jurisdicción Universal a debate en la sede de Naciones Unidas

La aplicación del principio de jurisdicción universal a debate esta semana en la ONU en Nueva York.

El principio de Jurisdiccion Universal se refiere a la extensión de la jurisdicción nacional a cualquier territorio sobre ciertos delitos considerados de lesa humanidad, independientemente del lugar en que se cometieron o la nacionalidad del perpetrador. La formulación de este principio en el Derecho Procesal de un país faculta a los tribunales de dicho país a detener y juzgar a cualquiera que haya cometido estos delitos en cualquier lugar del mundo, independientemente de su nacionalidad.

Este principio es un asunto de gran importancia en el derecho internacional y fundamental en el desarrollo y protección de la Carta Universal de los Derechos Humanos, al favorecer la persecución de los crímenes contra la Humanidad como torturas, violación de los Derechos Humanos, terrorismo o cualquier delito que lesione los derechos que protegen la vida. Pero, además, también podría ser extensible a delitos ecológicos y económicos que finalmente, cometidos por corporaciones en muchos casos, y afectando a los Derechos Humanos, quedan impunes.

Recientemente, este principio ha vuelto a la actualidad mediática tras la condena a cadena perpetua el pasado mayo del ex dictador de Chad entre 1982 y 1990 Hissène Habré; el primer caso de un dictador africano juzgado en África por jueces africanos (la sentencia se dictó en Senegal).

En este sentido, los próximos 14 y 15 de septiembre en la sede las Naciones Unidas se celebrará una conferencia organizada por personalidades como el juez que instruyó el Caso Hisséne, el senegalés Demba Kandji, el juez español Baltasar Garzón (en nombre de su fundación FIBGAR)  y el ex fiscal de los Juicios de Nuremberg a los nazis, Benjamin Ferencz, del Instituto Auschwitz por la Paz y la Reconciliación; evento en el que estará representada Del Canto Chambers.

Recordemos que en España este principio ha sufrido dos reformas en los últimos años. En 2009 el gobierno del PSOE estableció que sólo podían juzgarse los delitos de lesa humanidad cometidos en el extranjero si los acusados se encontraban en España, si alguna víctima tuviera nacionalidad española o si el caso tuviera algún tipo de conexión relevante con España.

Y en 2014, el gobierno del PP acometió otra reforma por el procedimiento de urgencia de este limitándolo aún más. Así, se eliminaba la posibilidad de actuar contra estos delitos a través de denuncias y acciones populares y condicionaba estas acciones a aquellos casos que estuvieran contemplados en los tratados internacionales firmados por España y por el Estatuto de Roma, norma fundacional de la Corte Penal Internacional en la Haya.

Otra de las medidas más polémicas de esta última reforma fue la de obligar al archivo de oficio de las causas abiertas que no se ajustaran a las nuevas medidas aprobadas. Ello provocó que casos como el de la muerte del periodista José Couso en 2003, el del genocidio tibetano, el de los abusos a presos en la cárcel de Guantánamo, tuvieran que cerrarse no sin fuertes críticas desde la oposición y desde organizaciones profesionales de juristas, que acusaron al gobierno de plegarse a los intereses de las grandes potencias como China o Estados Unidos.

Consensuar en el ámbito internacional los casos en los que se aplique la jurisdicción universal con garantías y sin injerencias así como armonizar las distintas legislaciones nacionales sobre este principio en la búsqueda de unos estándares legales claros y efectivos en el derecho internacional sería una enorme herramienta para luchar contra las violaciones de los derechos humanos a nivel mundial.

En Del Canto Chambers estamos muy comprometidos y abogamos por la promoción e incorporación de estos principios de Jurisdicción Universal en los países donde operamos. Si quieres conocer más sobre nuestro trabajo contactanos en clerk@delcantochambers.com

Redacción de Del Canto Chambers.

 

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