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Difamación en medios digitales ¿Qué jurisdicción es competente?

En la actualidad, Internet es un medio destacado de difusión de información, con un alcance potencialmente global que permite que la información nos llegue a todos. Este aspecto tan positivo, al mismo tiempo, plantea problemas a la hora de determinar la competencia judicial internacional, pues no existe una norma de competencia universal y surgen dificultades para localizar en el espacio las actividades de difusión de información a través de Internet.

Desafortunadamente, el Reglamento de la Unión Europea sobre Obligaciones Extracontractuales, Roma II, de aplicación universal, tanto dentro, como fuera de la Unión Europea, excluye de su ámbito la violación de la privacidad y derecho relacionados con la difamación, careciendo, como se indica arriba, de una norma uniforme que permita decidir con claridad las normas de competencia judicial. Sólo podemos encontrar ciertos acuerdos a nivel regional, en la esfera europea contamos con el Reglamento de Bruselas I, nº 44/2001 del Consejo de 22 de diciembre de 2000, sustituido por el Reglamento 1215/2012, 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil en la UE. No obstante, esta norma no garantiza una solución uniforme a nivel internacional.

Como regla general para determinar los tribunales competentes en caso de difamación, el más seguido, es el fuero general del domicilio del demandado y establecimiento del editor, que sigue los criterios predominantes en el ámbito de la Unión Europea (artículo 2 Reglamento Bruselas I).

En escasas ocasiones, los tribunales han considerado pertinente la determinación del lugar del centro de intereses de la parte lesionada, como alternativa al fuero del domicilio del demandado. Para poder aplicar este criterio debe haber motivación suficiente, atendiendo a la notoriedad del daño causado, además de probar que el material ha sido publicado y leído en dicho lugar. La sentencia TJUE 25 octubre 2011 (casos eDate Advertising y Olivier Martinez) realiza una interpretación más inusual basándose en el artículo 5, número 3 del Reglamento 44/2001, dando la posibilidad de ejercitar la acción ante los tribunales del lugar de intereses principales de la presunta víctima.

En cambio, la interpretación dada en el asunto Fiona Shevill (Sentencia TJCE 7 marzo 1995), refuerza la regla general del domicilio del demandado, atribuyendo la competencia a los tribunales del lugar donde emerge el daño, ya que éstos pueden conocer de la totalidad de los daños, pues es, en ese lugar, donde está establecido el editor de la publicación. Respecto a la ley aplicable, según reiterada jurisprudencia, procede remitirse a las reglas nacionales aplicables por el órgano jurisdiccional que conoce del asunto, siempre que la aplicación de dichas reglas no menoscabe el efecto útil del Convenio aplicable.

La situación fuera de la UE es similar. La ley estadounidense reconoce dos criterios de jurisdicción. Existe también un fuero general, que será el del demandado siempre y cuando mantenga “contacto continuo y sistemático con el Estado del foro” y la jurisdicción específica, basada en actos internacionales, en la que tiene competencia el tribunal del aquel Estado que tenga relación con la infracción, siendo suficiente una única descarga en dicho Estado. Su sistema jurídico vigente es el Common law, en el que las decisiones judiciales tienen fuerza de ley. En EEUU toda ley está subordinada a la Constitución federal (prevaleciendo siempre, en caso de conflicto, la ley federal a la ley de un estado). Para determinar la jurisdicción aplican las Reglas Federales de Procedimiento Civil (FRCP), promulgadas por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1938, con grandes modificaciones desde entonces. En cuanto a la ley aplicable, en el año 2010, y como respuesta al “turismo de difamación”, se aprobó la Ley de Expresión, “The Speech Act”, es una ley estatutaria federal por la que las sentencias extranjeras por difamación no son aplicables en los tribunales estadounidenses, a menos que la legislación aplicada ofrezca tanta protección como la famosa Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos (relativa a la libertad de expresión).

Hay momentos en los que se diferencia entre los medios digitales y los impresos, indicando que, en éstos últimos, está más claro que los tribunales competentes son los del lugar de la publicación de la información, siendo mucho más complicado determinar esto mismo para el caso de la información emitida por medios digitales. Parece poco razonable esta diferencia, puesto que, en la sociedad actual, una vez lanzada la información, perdemos el control sobre la misma, permitiendo la posibilidad de que un medio digital recopile la información difundida por el medio impreso. Por ello, es lógico considerar la atribución de la competencia a los tribunales del domicilio del demandado o el establecimiento del editor.

La complejidad que entraña resolver los conflictos que surgen tras las publicaciones en Internet, se pone de manifiesto cuando ciertos tribunales declinan su jurisdicción. Para garantizar la seguridad jurídica deberían delimitarse más las normas que definen el tribunal competente, evitando así la posibilidad de que una persona sea demandada ante un órgano jurisdiccional que no hubiera podido prever.

Nuria Monjas De Castro
Abogada

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