Cuando el contribuyente se convierte en cliente

El 31 de octubre termina el Plan de Intensificación de Actuaciones de la Agencia Tributaria (PEIA) contra el fraude fiscal, calificado por el sector como arbitrario y confiscatorio.

El pasado mes de febrero, la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) criticó el plan de incentivos contra la evasión fiscal que la Agencia Tributaria negoció con los sindicatos, que termina el próximo 31 de octubre.

El objetivo de Hacienda es, parece que exclusivamente, aumentar la recaudación de impuestos procedentes del fraude fiscal y con este plan ofrecía pagar un bonus a aquellas inspectoras e inspectores que consiguieran subir la recaudación fiscal efectiva.

Estos incentivos se incluían entre los complementos de productividad del funcionariado enmarcadas en el llamado Plan de Intensificación de Actuaciones (PEIA), de carácter voluntario.

El PEIA cuenta con un presupuesto en 2016 de entre 50 y 60 millones de euros que se reparten como incentivos para quienes logren aumentar sus resultados en las inspecciones contra el fraude fiscal. Con este Plan, los y las inspectoras adheridas trabajarían hasta 20 horas adicionales más en dos periodos: entre el 1 de marzo y el 30 de junio; y entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2016, y accederían a primas por mayor recaudación en las inspecciones fiscales.

La asociación de asesores criticó que este “bonus por cuotas tributarias descubiertas” iba en contra de principios tributarios como el de “generalidad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria” y, especialmente, el de “no confiscatoriedad”.

La Agencia Tributaria aplica este tipo de incentivos a sus funcionarios desde el año 2013. Así, en el año 2014 la Agencia Tributaria recaudó 12.318 millones de euros en impuestos, una subida del 12.5% con respecto a 2013. La recaudación que aportó el plan de incentivos fue de 2.262 millones de euros, un 124% más que el año anterior.

En este sentido, desde AEDAF se señaló que este programa de incentivos no es sólo perjudicial para las y los contribuyentes sino también para la propia inspección pues le incentiva a concentrarse en más inspecciones con cantidades recaudadas menores que en aquellas inspecciones con cantidades considerables pero más difíciles y costosas de investigar.

Por ello, propusieron otros baremos para incentivar al funcionariado como las horas trabajadas, el número de inspecciones realizadas y su dificultad, la formación recibida y el interés en el desempeño de su labor, teniendo siempre en cuenta la protección a los derechos de los y las contribuyentes, que en los últimos años se vulneran constantemente, como demuestran por ejemplo, los miles de embargos en cuentas bancarias sin que se respeten las garantías mínimas de notificación fehaciente amparadas por nuestra normativa constitucional.

La lucha contra el fraude fiscal es necesaria pero las medidas para erradicarlo no deberían excluir las garantías constitucionales de la ciudadanía. El Estado tiene recursos suficientes para luchar contra la evasión fiscal sin poner en cuestión la integridad y el patrimonio de los y las contribuyentes.

El equipo de Del Canto Chambers está especializado en asesoramiento legal en el ámbito fiscal y mercantil. Se nos puede contactar en clerk@delcantochambers.com

Redacción de Del Canto Chambers

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.