¿Para cuándo una reforma de la ley de violencia contra la mujer?

¿Para cuándo una reforma de la ley de violencia contra la mujer?

El derecho es un instrumento que sirve para estructurar la sociedad. Cuanto más cargado de justicia, más sencillo resultará que las normas se cumplan.

Debemos distinguir entre la legalidad y la legitimidad. La legalidad es el conjunto de normas jurídicas de derecho positivo desarrolladas dentro del marco del ordenamiento jurídico, mientras que la legitimidad atribuye un valor de justicia (o injusticia) a estas normas.

Cuanta más legitimidad se otorgue a una norma, menos necesidad de poder coercitivo se necesitará para aplicarla. El problema es que tenemos asimilados los conceptos derecho y justicia como sinónimos. Pero a causa del desgaste y la frustración que provoca el comprobar diariamente que la ley no es igual para todas y todos , cada vez somos menos las y los que sostenemos esta afirmación. A pesar de ello, seguiremos defendiendo que, al menos, la tendencia debería ser esta.

Está bien, somos conscientes que el derecho es un instrumento que el poder manipula (solamente hay que echarle un vistazo a la sentencia del caso Nóos) pero como feminista y después de la nueva victoria del Partido Popular, temo que el gobierno restrinja todavía más nuestro Código Penal en lo que a violencia de género se refiere. ¿Se ha conseguido que la sociedad española interiorice la ley sobre violencia que lleva vigente desde 2004? El Derecho Penal actúa sobre el individuo y, desde esta perspectiva, en tanto la norma no esté interiorizada socialmente, el proceso penal y el castigo al que va dirigido no servirá a un nivel colectivo.

La exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género afirma que este tipo de violencia no es un problema que afecte al ámbito privado sino que como símbolo más brutal de la desigualdad existente entre hombres y mujeres tienen la consideración de delitos públicos. A diferencia de la violencia doméstica, en que el género del sujeto activo y del sujeto pasivo es irrelevante, cuando el legislador tipifica la violencia de género, el sujeto activo siempre será hombre y el sujeto pasivo, mujer. Pero ellas no son pasivas, ellas no mueren, las mujeres somos víctimas de un feminicidio.

Podemos criticar diversos aspectos de esta ley: si, tal y como apunta la exposición de motivos se trata de una violencia estructural, ¿cómo es posible que tan solo puedan dirigirse a los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer aquellas que hayan sido parejas o exparejas o que estén unidas a los “sujetos activos” por una análoga relación de afectividad? Este matiz elimina cualquier tipo de desigualdad que se dé fuera del ámbito de la pareja o ex pareja. Con esta restricción negamos lo expuesto en el preámbulo de la ley y seguimos dando cobertura a argumentos como el de las denuncias falsas. Así pues, ¿es la protección penal reforzada y la tutela judicial específica de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) suficiente si se limita al ámbito de la pareja o ex pareja? ¿Acata así el legislador español el mandato del Convenio de Estambul, que es el primer acuerdo vinculante sobre esta materia en el ámbito europeo?

Pero lo que más llama la atención es que esta ley sólo agrava las penas cuando se trata de delitos calificados como leves contra las mujeres (amenazas, coacciones). En estos casos, la base de la pena aumenta- Pero ¿qué ocurre cuando un hombre mata a su pareja? Lógicamente, tendría que haber un agravante de la pena tal y como tenemos en los delitos leves. Pero no. El legislador contempla que la pena por homicidio o asesinato ya es suficientemente alta, y por tanto, no se amplía la condena. Y no se amplía porque si lo hiciera sería un reconocimiento del feminicidio y no una acumulación de casos aislados de hombres que matan mujeres. No estamos obviando la existencia de la circunstancia agravante de discriminación a la víctima por su sexo, pero esta, además de ser insignificante, no concuerda con la motivación de la ley, donde se persigue una especial protección de las mujeres, vulnerables en nuestra sociedad patriarcal. Si tenemos una ley contra violencia de género, ¿no resulta lógico que se tipifique con una pena mayor cuando se quita la vida de una mujer por el simple hecho de serlo? Tan solo en los delitos leves existe diferencia si el autor es hombre y la víctima mujer. En los delitos graves no hay diferenciación.

La motivación de la ley debería ser que se erradiquen los feminicidios y el primer paso es la tipificación de éste en el código penal. Tal vez así, con estos pequeños avances nominativos, podamos incidir en la mentalidad de la sociedad y podamos conseguir que la legalidad y la legitimidad vayan unidas.

Laia Fernández Bernalte (@Laia_Fdez)

Abogada en Del Canto Chambers

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